Argentina:

Nueva y aguda crisis política

Joaquín Murrieta

En marzo de 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, impuso, mediante decreto presidencial, un nuevo esquema tributario llamado “retensiones móviles” en el que los impuestos a las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo aumentan conforme se incrementan los precios internacionales de estos productos. En respuesta, durante 100 días de protesta, los campesinos golpearon cacerolas, bloquearon carreteras, suspendieron la comercialización de granos y protagonizaron cuatro paros. Argentina se aproximó al desabastecimiento, la economía -que venía creciendo a un ritmo anual de un 8%- comenzó a frenarse, la inflación se disparó y el consumo y las inversiones cayeron.

Finalmente, el pasado 17 de julio, el Senado votó contra las “retenciones móviles” sumiendo al gobierno argentino en una nueva y aguda crisis política.

A efectos de esta votación la coalición oficialista ha sido sacudida de arriba abajo. Su aplastante mayoría en el Senado se dividió hasta quedar empatada con la oposición. El propio vicepresidente de la república (que en Argentina pasa a ser también presidente del Senado) votó en contra del proyecto de ley de la presidenta.

Luego siguieron las renuncias en el gabinete. Se fue el jefe de gabinete Alberto Fernández. Ya antes, el conflicto le había costado el puesto al Secretario de Agricultura, Javier Urquiza, y anteriormente al ministro de Economía Martín Lousteau, “mentor del sistema impositivo” derrotado.

Fue la propia presidenta Fernández quien decidió, en junio pasado, que las retenciones móviles fueran enviadas al Congreso para que éste las discutiera y aprobara eventualmente.

Así buscaba desmontar el movimiento de oposición; y, efectivamente, las direcciones de las grandes organizaciones agrarias decidieron suspender los paros y demás movilizaciones, pese a que, mientras tanto, el impuesto seguiría aplicándose conforme al decreto presidencial.

El gobierno suponía una victoria segura pues confiaba en su aplastante mayoría en ambas cámaras. Y se sentía más seguro ante el anuncio de las direcciones agrarias de detener sus paros.

En ese contexto, el gobierno logró que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto y lo enviara al Senado casi a las puertas de convertirse en ley.

Pero los acontecimientos dieron un giro súbito

Las direcciones agrarias convocaron a una manifestación en el barrio de Palermo para el miércoles 15 de julio, un día antes de la votación decisiva del Senado.
En respuesta, el ex-presidente Kirchner, principal dirigente del oficialismo argentino y esposo de la hoy presidenta, convocó a una concentración en la Plaza de Mayo (el Zócalo argentino) a favor de la aprobación senatorial del proyecto de ley gubernamental.

En contra del gobierno argentino se movilizaron 300,000 manifestantes. Los oficialistas sólo juntaron alrededor de 90,000, entre seguidores y acarreados.

El gobierno fue derrotado. En la madrugada del 17 de julio se contaron en el Senado más votos contra el impuesto mencionado que a favor, uno de ellos, el que decidió la votación, fue el del mismo vicepresidente del país, es decir, del ex compañero de fórmula de la actual presidenta. Ni sus seguidores más fieles pudieron resistir la enorme presión popular que se sentía en todo el país en contra del proyecto gubernamental.

Esta polarización entre un gobierno burgués y los campesinos (algunos de ellos latifundistas, muy ricos y de ultraderecha) pareció a los ojos de algunos izquierdistas como algo ajeno a los trabajadores y a los que luchan por la revolución socialista en Argentina y el mundo. Algunas direcciones de izquierda nunca entendieron la necesidad de apoyar a los pequeños productores agrarios amenazados con desaparecer por las retenciones.

En efecto, a quien más afectaba el nuevo impuesto, al grado de dejar en la ruina, era al pequeño agricultor. Los campesinos pobres cometieron el error de no diferenciarse de los grandes propietarios y comerciantes agrarios durante el movimiento. Pero estaban ahí y eran la parte fundamental del movimiento.

Apoyar a este sector de pequeños productores agrarios es obligación de todo aquel que se reclama defensor de los derechos de los oprimidos y para aquellos que estamos por la alianza entre la clase trabajadora y los campesinos pobres.

Por otra parte, movilizarse contra las retenciones significaba, en los hechos, enfrentar el plan del gobierno antiobrero de seguir pagando la deuda externa. El mismo Kirchner reconoció que lo recaudado por el impuesto nuevo acabaría en manos de los acreedores internacionales.

Fortalecer esta lucha contra el gobierno era del interés de todos los que luchamos contra el imperialismo y por el no pago de la deuda externa.

Con la crisis actual del gobierno, les resulta más fácil a los trabajadores argentinos pelear por sus reivindicaciones salariales y otras demandas justas.