El Socialista 340 - Septiembre de 2008

Presos políticos vs crimen organizado del Estado

Xolotl Yescal

Actualmente es más castigado un activista político que un secuestrador o un narcotraficante, más castigado aun que los políticos corruptos que muchas veces son las dos cosas juntas.

La persecución a dirigentes políticos parece ser un oficio bien pagado desde el Estado. Se cuenta con “orejas”, policías, porros, paramilitares. Todos ellos pagados con nuestro dinero y dirigidos desde los partidos en el poder: PRI, PAN y PRD. ¿A ellos quién los castiga?

La sentencia dictada a Ignacio del Valle, dirigente de los “macheteros” de Atenco, es totalmente desproporcionada, 45 años,  más 67 que actualmente le acaban de dictar. Al juzgado primero de lo penal, con sede en el reclusorio Molino de Flores, de Texcoco le pareció justo aumentar la sentencia porque según ellos es tanto o más peligroso que los narcos, secuestradores o que cualquier calaña que reside en los reclusorios de alta seguridad.

El mensaje del gobierno es claro, hay que aplastar la disidencia, porque podría terminar con su estilo de vida corrupta, que implica adueñarse del país inventando leyes que le son favorables, vendiendo las industrias nacionales y haciendo pactos con la burguesía, para así perpetuar un negocio llamado México.

Que no se nos olvide que aquel 3 de mayo de 2006, el día de la detención masiva en San Salvador Atenco, se cometieron vejaciones y violaciones a los derechos humanos, golpizas y abusos sexuales ordenados desde los altos mandos policiales y con el cobijo de Enrique Peña Nieto. Eso es Estado de Derecho según ellos, y sólo se ha consignado a un elemento de los 5 mil que asistieron al festín de impunidad. ¿A ellos quién los castiga?

La Comisión de Derechos Humanos también es cómplice. Va para la memoria, esta comisión fue creada durante el sexenio de Salinas de Gortari, para canalizar las inconformidades de manera institucional, pero sobre todo para cumplir con la cláusula democrática, que era condición para la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sus resultados son pobres, sólo puede recomendar, aunque acumule pruebas en contra de genocidas como Luís Echeverría (por las matanzas del 68 y el 71). Esta comisión esta tan apegada al Estado que fue el caballito de batalla para revivir el debate contra la despenalización el aborto, violando el derecho básico de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Luego, a manera de premio, el Ombudsman aparece junto a Calderón firmando acuerdos como representante de la gran Institución del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

El mundo al revés

El crimen organizado está en el gobierno, así lo demostraron Fox y Peña Nieto al ensangrentar las calles de Atenco. Lo mismo hicieron en Oaxaca unos meses después, y ahora Calderón lo hace en todo el país con su fracasada lucha contra el crimen. Una farsa para consolidar un gobierno sin legitimidad a través de la violencia, que  ha sido contestada con violencia.

Los partidos burgueses son el verdadero crimen organizado, son los que pagan a sus porros para golpear estudiantes y de paso garantizarles un título y luego un puesto en su partido.

Actúan como organizaciones delictivas cuando firman acuerdos contra los secuestros y con las manos ensangrentadas sentencian a Ignacio del Valle, uno de los protagonistas, junto con el pueblo de San Salvador Atenco de una de las luchas más importantes de nuestra época, cuando derrotaron al gobierno en el intento de arrebatarles sus tierras para construir un aeropuerto.

Ignacio del Valle, junto con los hermanos Cerezo, los demás detenidos de Atenco y todos los luchadores sociales encarcelados, son presos de conciencia, su único crimen fue defender las demandas de los oprimidos.

Actualmente existen más de 500 presos políticos en el país. Todos los casos se llevan de manera irregular, inventando cargos para tenerlos tras las rejas más años. 

Exigimos se apruebe ya una Ley de Amnistía, que es un Derecho Universal. Los queremos libres, para así, fuera de la cárcel seguir luchando por que se reconozca su justo derecho a la organización.

Los activistas políticos, esos que se organizan y enfrentan las injusticias del estado no son iguales a secuestradores como el “mochaorejas” –producto de la descomposición social generada por años de gobiernos corruptos- ni tampoco son narcotraficantes. No son asesinos, a diferencia de gobernadores y políticos como Peña Nieto, quien tiene las manos llenas de sangre.

 

 

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