Pluma 2
Revista teórica marxista de política, arte y literatura
Gobiernos de "centro izquierda": nuevo dique contra la revolución social
Primarera 2006

 

50 compromisos

Por Francisco Cruz Retama

Los principales compromisos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición “Por el bien de todos” (integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia), consisten en desarmar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y desactivar su insurrección en el sureste mexicano, así como conservar intacto el capitalismo mexicano, administrando eficientemente el neoliberalismo impuesto por los organismos financieros internacionales en nuestro país.

A cambio, ofrece extender a todo el país el asistencialismo raquítico que, eso sí, le ha ganado un importante caudal de votos.

Tiene más de un año que el político tabasqueño empeñó su palabra en pro de los capitalistas nacionales y extranjeros. Eran los tiempos del desafuero; López Obrador estaba preocupado por ganar el apoyo de quienes realmente dirigen al país y para lograrlo había que dejar claro que, en caso de llegar a la presidencia, no pondría en riesgo sus inversiones.

Con ese objetivo hizo llegar una carta, fechada el 8 de marzo de 2005, a los 300 empresarios más influyentes del país. En ella explica que su proyecto se apega a los principios neoliberales, que no es su intención combatir dicho modelo sino, como interpreta el investigador del Colegio de México, Lorenzo Meyer, darle un respiro 1.

Unos meses después, el 25 de mayo, el diario inglés Financial Times publicó una extensa entrevista en la que reveló sus intenciones verdaderas para conducir al país. Disciplina fiscal, autonomía del Banco de México, reducción del gasto público, estímulos a la inversión, respeto al Tratado de Libre Comercio, prometió AMLO, quien, de paso, se despojó de la etiqueta de izquierdista y se definió como político de “centro”.

Finalmente, el domingo 17 de julio de 2005, presentó el documento “50 compromisos para recuperar el orgullo nacional”, un compendio de promesas electoreras, que incluyen algunas concesiones económicas para atraer el voto de los millones de mexicanos que viven en la pobreza, lo mismo que anuncia medidas con impacto en la opinión pública —pero con poco o nulo efecto sobre los problemas estructurales del país—, así como una serie de compromisos dirigidos a la multimillonaria élite capitalista. El texto presentado en esa oportunidad incluyó, simplemente, los 50 enunciados principales, pero su versión completa contiene extensos documentos en los que se explica cada compromiso. Para la elaboración del presente artículo, nos hemos basado en esa versión ampliada, a la que llamaremos “'350

Compromisos…”

 El primer compromiso: intentar desarmar al Ejército Zapatista y desactivar su insurrección

No es una casualidad que el primer lugar de la lista de compromisos de López Obrador sea emplazar al Congreso de la Unión a aprobar los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el EZLN y el gobierno de Ernesto Zedillo.

De la misma forma que antes lo hicieron los priístas y luego Vicente Fox, el perredista tiene una política para terminar con uno de los principales, sino es que el más importante dolor de cabeza del capitalismo mexicano: la existencia de una guerrilla que agrupa a miles de indígenas, que gobierna numerosas comunidades de Chiapas y mantiene una declaración de guerra en contra del gobierno mexicano.

Carlos Salinas y su sucesor priísta Ernesto Zedillo intentaron acabar con la insurrección por la vía de la fuerza; sin embargo, ambos fracasaron en su intento de masacrar a los indígenas chiapanecos insurrectos y eliminar a la dirección zapatista. Luego, Vicente Fox, en el año 2001, intentó embaucar a los indígenas del país acordando con el PRI y el PRD la aprobación de una ley indígena que incumplía los compromisos hechos ante el EZLN en San Andrés y regateaba los derechos más elementales a los pueblos originarios de nuestro país. “En 15 minutos resuelvo Chiapas”, dijo, y falló.

Ahora López Obrador pretende aprobar los Acuerdos de San Andrés2 , y obligar a la dirección del EZLN a desarmarse y desmantelar la insurrección de los indígenas chiapanecos.

No le interesa el bienestar de los pueblos indios, tampoco el ejercicio de su autonomía o la preservación de su cultura y tradiciones. Para muestra basta hacer un repaso de las gestiones perredistas en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, donde habitan cientos de miles de indígenas migrantes y se conservan comunidades de centenaria antigüedad, establecidas en el sur del territorio capitalino; teniendo el control absoluto de la Asamblea Legislativa local, López Obrador ni sus antecesores y correligionarios impulsaron la aprobación de una ley indígena local.

El primer compromiso de Andrés Manuel tiene dedicatoria. El destinatario es el EZLN y sus nuevos aliados que hemos decidido agruparnos a nivel nacional para construir una alternativa política de izquierda para luchar en contra de su gobierno procapitalista y, en última instancia por la destrucción de este sistema social basado en la explotación, la humillación y la opresión de las mayorías… y que el candidato del partido del sol azteca está dispuesto a defender.

Compromisos para mantener intacto el modelo neoliberal

Es un dogma del modelo neoliberal aplicado durante los últimos 25 años que los gobiernos deben conservar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, como condición para una gestión económica eficiente. López Obrador será fiel a estos preceptos; así lo advierte en sus “50 Compromisos…”, sobre todo en aquellos dedicados a la gestión económica.

El compromiso 45 lo dice con claridad: “Mantendremos equilibrios macroeconómicos, es decir, habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la inflación y el déficit público.”3

También en la carta enviada a los principales empresarios del país, el tabasqueño asegura: “En el camino hacia un proyecto alternativo, el país no deberá poner en riesgo su estabilidad. Tendrán que respetarse los equilibrios macroeconómicos, para evitar disparos inflacionarios…” 4

Debemos entender que el compromiso de López Obrador para dar continuidad a la política económica generadora de millones de desempleados y subempleados, de la pobreza para la mayoría de los mexicanos y la marginación de amplios sectores de la población tiene como contrapartida ofrecer a los empresarios las mejores condiciones para hacer negocios obteniendo jugosas ganancias.

Este es verdadero núcleo de su proyecto. Esta es la razón por la que los funcionarios del gobierno de George Bush, y las principales autoridades financieras internacionales ni sudan ni se acongojan ante la posibilidad de que el perredista llegue a la presidencia de México.

Recientemente, los banqueros se sumaron al coro de voces capitalistas que propalan por los cuatro vientos su confianza de que un gobierno de “izquierda” no representaráun riesgo para ellos. Y, cómo no, si en uno de los “50 Compromisos”, el número 42 para ser exactos, asegura que no habrá marcha atrás en el proceso de desnacionalización de la banca, mucho menos sugiere la idea de retroceder en la entrega total del sistema financiero a los particulares. Apenas se limita a prometer que se otorgarán concesiones para crear bancos regionales.

Para los banqueros, además, se mantendrán intactos sus altísimos márgenes de intermediación, es decir, la diferencia entre las tasas de interés que se cobran a los deudores respecto de las que se pagan a los ahorradores. También el cobro de múltiples comisiones y la absoluta desregulación se mantendrán sin cambio.

Otro ejemplo de la subordinación de Andrés Manuel ante los intereses capitalistas y neoliberales es su política para las maquiladoras.

Como es sabido, esta industria es una de las más denunciadas tanto por sindicalistas, como por organizaciones de derechos humanos y ambientalistas. Son muy numerosas las quejas contra las abusivas condiciones laborales que los patrones maquiladores han impuesto a sus trabajadores. Es conocido a nivel mundial que se trata de una política sistemática la violación de los derechos constitucionales y la discriminación que en esas empresas se lleva a cabo contra las mujeres, o la explotación del trabajo infantil. Incluso, investigaciones serias acusan la participación de los dueños de las maquiladoras en las redes criminales responsables del asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Encima, está la volatilidad de las inversiones realizadas en esa industria, así como el desempleo y la práctica destrucción de comunidades enteras debido al desmantelamiento arbitrario y sorpresivo de ese tipo de fábricas.

Frente a esta escandalosa realidad, no existe ningún compromiso. Al contrario, la industria maquiladora, que ha sido una de las más beneficiadas con la desregulación del comercio exterior que inició en la década de los 80, es presentada como víctima de las trabas burocráticas y el pago de impuestos, como el IVA. Nuevamente, los compromisos de AMLO son con los empresarios, para eliminar trabas legales y administrativas, exentar o compensar impuestos, todo con el fin de garantizarles el mayor margen de ganancias.

Ese es el verdadero compromiso de López Obrador: garantizar a los empresarios, nacionales y extranjeros, las mejores condiciones para que sus inversiones sean altamente redituables; una de ellas, la más importante, es preservar el bajísimo salario y las precarias condiciones en que se contrata la fuerza de trabajo mexicana.

Por eso no existe ningún compromiso en torno a las condiciones de trabajo de los mexicanos. Únicamente se propone garantizar que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación. Es una burla, pues esa ha sido la política de los recientes gobiernos: que el salario mínimo aumente un punto porcentual o décimas de punto por encima de la inflación.

A López Obrador no le importa que, como lo muestran estudios de la Universidad Obrera de México, el poder adquisitivo del salario haya caído en más de 80 por ciento entre 1982 y 2004.5 Para lograr que las remuneraciones experimenten al menos una mínima recuperación no existe ningún compromiso.

Otro componente del salario, las pensiones, también pretende ser vulnerado. Así lo establece el compromiso sexto, en el que claramente se advierte la intención de incrementar la edad para la jubilación y la revisión de los montos de las aportaciones por los trabajadores, “de común acuerdo con los sindicatos y con los representantes empresariales”.

 La versión perredista del Plan Puebla Panamá entre los “50 Compromisos…”

Otro aspecto del proyecto de López Obrador que le ha valido el entusiasta apoyo de los sectores oligárquicos es su compromiso de dar continuidad a algunos importantes proyectos capitalistas e imperialistas,que ni el propio Vicente Fox logró hacer avanzar signififi cativamente. Ese es el caso del Plan Puebla Panamá, que en el proyecto del perredista es llamado Plan Transístmico (compromiso 28). En él se recupera la idea de construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, en Tizayuca, luego del fracaso de Fox en Texcoco frente los ejidatarios de San Salvador Atenco.

Ése es el inicio del plan, en el extremo norte. De ahí pasa a plantear la construcción de un corredor para el transporte de mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico, además de generar una región para el enclave de maquiladoras.

El Plan Transístmico, igual que el Plan Puebla Panamá pretende ser una oportunidad para realizar todo tipo de negocios; tanto en la construcción de los puertos comerciales que se proyectan para Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, como en el tendido de vías férreas, así como la ampliación de la carretera existente.

Aunque se presenta como la forma para aprovechar la abundancia de recursos naturales de la región y sacar a las comunidades indígenas y rurales del atraso, en realidad el Plan Transístmico implicará la destrucción de buena parte de su flora y fauna, además de pasar por encima de los pueblos que serán despojados de los terrenos que se utilizarán en la construcción de las obras de infraestructura y aquellas donde se asentarán las maquiladoras; esas tierras, de propiedad comunal o ejidal, ahora son enajenables o expropiables gracias a la contrarreforma al artículo 27 constitucional impuesta por el priísta Carlos Salinas en 1992 y que a López Obrador le servirá a la perfección.

Como ocurrirá con los otros proyectos en que López Obrador pretende dar a los industriales de la construcción un envidiable nicho para el desarrollo sus negocios, la mayoría de los empleos que se generarán serán temporales, mal pagados y sin mayores prestaciones.

Continuidad garantizada para el TLC, las privatizaciones y el pago de las deudas

Las principales formas de despojo de la riqueza que día con día producen los trabajadores mexicanos se mantendrán incólumes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así se compromete ante el poder económico transnacional en el texto correspondiente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, la inversión del capital privado en áreas estratégicas de la economía —como la energía— y el pago de las deudas públicas (externa e interna).

En todo el documento hay un sólo compromiso para buscar modificar un plazo del TLC: “evitar que aplique en 2008… la libre importación de maíz y frijol”. En realidad, hay una reivindicación del Tratado: “Desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en 1994, México triplicó sus exportaciones de manufacturas y consecuentemente el tamaño de su planta manufacturera con mayor inversión”, dice.

Lo que se omite decir es que el TLC ha sido fuente de empobrecimiento para amplias franjas de la población de nuestro país. El campo ha sido afectado gravemente, pero también gran parte de la industrial nacional ha sido prácticamente destruida frente a la competencia impuesta por las poderosas empresas estadounidenses y canadienses. Además, el Tratado presiona fuertemente los salarios a la baja —el presidente Fox lo dijo muy claro, “debemos aprovechar la ventaja comparativa que representa nuestra mano de obra barata”. Por otro lado, este crecimiento del comercio exterior de nuestro país, no ha redundado en el crecimiento del conjunto de la economía, pues el sector externo se mantiene desvinculado del resto de las cadenas productivas nacionales. El TLC ha reforzado el papel de México, como simple maquilador de mercancías para el mercado mundial y apenas un 15 por ciento de la población se ha beneficiado de esta nueva realidad comercial. Gracias al Tratado, hoy somos una nación más dependiente de la voluntad de los capitalistas internacionales.

Más adelante, en el compromiso 37, se hace explícita la intención de profundizar la relación económica con Estados Unidos y Canadá 6 . De tal suerte que el proyecto lopezobradorista es reforzar la dependencia y subordinación de nuestra nación frente a los imperialistas del norte del continente.

Otra revelación del proyecto es el apoyo a las privatizaciones. Se sabe que la venta de más de mil empresas estatales o paraestatales en los últimos 25 años prácticamente acabó con el patrimonio nacional 7 y puso en manos de empresarios nacionales y extranjeros negocios que los han llevado a ocupar lugares muy destacados en la lista de los más ricos del mundo. El caso más sonado es el de Carlos Slim, tercer hombre más rico del mundo, dueño de la empresa Teléfonos de México, vendida a precio vil por Carlos Salinas en 1990 al empresario de origen libanés.

López Obrador no está en contra de las privatizaciones y en sus compromisos asegura a los inversionistas que su gobierno seguirá otorgando las mayores facilidades para que hagan negocio en sectores estratégicos de la economía que aún se mantienen bajo control del Estado. “Modernizaremos el sector energético”, reza el compromiso 22 del documento de marras; pero es Rogelio Ramírez de la O, el eventual responsable de la conducción económica en el gobierno de AMLO, quien explica mejor sus intenciones: La propuesta del abanderado presidencial de la izquierda para la elección presidencial del 2 de julio próximo es atraer inversión privada nacional y extranjera al sector energético” .8

Ramírez de la O explica en entrevista con el diario mexicano La Jornada que en la petroquímica secundaria, “donde la mayor parte de las patentes son extranjeras”, lo mismo que en transportación marítima y almacenamiento, además de otras áreas, como los seguros, se puede fomentar la inversión privada.

Debemos recordar que una política del presidente Ernesto Zedillo, que hizo parte de la estrategia de privatización de los energéticos en México, consistió en ampliar las listas de productos petroquímicos secundarios, que son susceptibles de ser privatizados, limitando a únicamente 9 productos la lista de los productos básicos de esta industria. Asimismo, la fragmentación de PEMEX en cuatro sub empresas, entre las que se encuentra PEMEX-Refinación, abrió la puerta una nueva reforma en el marco jurídico que permite poseer a los particulares hasta el 49 por ciento de los activos de las empresas petroquímicas existentes hasta 1996 y hasta 100 por ciento en las de nueva creación.

Esa ha sido la política de privatización del principal energético de los últimos tres gobiernos federales.

En materia eléctrica, lo mismo que en hidrocarburos, los capitalistas y sus gobiernos han encontrado los resquicios legales necesarios para ir tomando un control cada vez mayor de la producción y comercialización de energía, incluso sin modificar la Constitución. El Sindicato Mexicano de Electricistas denunciaba en 2004 que por lo menos un 23% de la capacidad instalada de generación en el sector eléctrico estaba en manos del capital privado y que, de acuerdo con cálculos de funcionarios foxistas, para el 2006 este porcentaje ascendería a un 48%.

López Obrador se dispone a ser el continuador de esta política de privatización cada vez menos sigilosa. Eso quiere decir “modernización” en lenguaje perredista, abrir paulatinamente al capital privado las áreas económicas estratégicas, hasta que los capitalistas tengan el control de ellas.

Y con la deuda pública, tanto externa como interna, la política del candidato perredista es igualmente complaciente. Su compromiso (el número 43) es “transparentar el monto real de la deuda”, para entonces “proceder a examinar formas para reducir su costo, ya sea alargando los plazos de vencimiento, reemplazando deuda en pesos por deuda en dólares o refinanciándola mediante otros pasivos” (es decir, contratando más deuda). Es decir, que el compromiso de López Obrador es pagar íntegramente las deudas, incluso aquellas que resultaron los más gigantescos fraudes a la nación, el Fobaproa y el rescate carretero.

El documento propone, en principio, integrar a la deuda pública la llamada deuda contingente que incluye el endeudamiento en que el gobierno incurrió por “rescatar a empresas fallidas, es decir, proyectos de capital de riesgo asumido en principio por inversionistas privados.” Por supuesto, estos negocios fracasados incluyen a los banqueros que fueron rescatados con el Fobaproa y los concesionarios benefifi - ciados con el rescate carretero. No importa que ese endeudamiento sea producto de fraudes, todos los ciudadanos tendremos que pagar por ellos. De eso se encargará López Obrador .9

Reconciliación con los criminales de “cuello blanco”

Tampoco se ha cansado de insistir en que no perseguirá a nadie; ha prometido que en su gobierno no habrá cacería de brujas. Este mensaje, entre otros, tiene como destinatarios a los responsables del Fobaproa, a los banqueros.

No es un asunto menor, puesto que una de las principales banderas del tabasqueño durante estos años, con las que se arropó como luchador social, fue precisamente el asunto del Fobaproa. Incluso llegó a exigir que se enjuiciara a los responsables del fraude, comenzando por el propio presidente Ernesto Zedillo.

Hace un año, el 16 de marzo de 2005, se reunió con un reducido grupo de empresarios y banqueros10, el cónclave fue organizado por Julio de Quesada, presidente de Citygroup, que compró Banamex por 12 mil millones de dólares, sin pagar un peso de impuestos, y se benefició grandemente del Fobaproa. En la reunión, López Obrador les aseguró que no debían preocuparse, pues en caso de llegar a la presidencia únicamente “transparentaría” el caso; pero no dejaría de pagar dicha deuda ni perseguiría a los culpables. “Una vez transparentada la deuda, se buscarán los términos más adecuados para reducir su costo financiero y liberar recursos para el desarrollo económico y social del país” (compromiso 44).

 Asistencialismo para paliar la explotación capitalista

El propio documento lo dice: “si se decidiera dar una pensión de medio salario mínimo a los mayores de 70 años el costo sería de 0.38 por ciento del Producto Interno Bruto”.

La proyección del Consejo Nacional de Población es que en el año 2010, cuando AMLO esté viviendo su cuarto año de gobierno, habitarán en nuestro país poco más de 4 millones 400 mil personas mayores de 70 años, 3.94 por ciento de la población total que en ese año alcanzará más de 111 millones 613 mil personas11 . Como puede observarse, se trata de una concesión raquítica destinada a un pequeño sector de los mexicanos, pero que ha revelado su efectividad electorera.

Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, que en el diagnóstico presentado por el documento “50 compromisos…” suman un millón 795 mil 300 personas, el 1.8 por ciento de la población. Para 2010, durante el cuarto año de su sexenio, el compromiso de AMLO es brindar medio salario mínimo a 698 mil 890 personas con discapacidad, es decir, al 38.92 por ciento de la población con alguna discapacidad —ni la mitad—. El gasto que se utilizará entonces sumará 7 mil 304 millones 798 mil 280 pesos 12, es decir, ni el 0.06 por ciento del PIB.

El proyecto del gobierno perredista para dar atención médica y medicamentos gratuitos a la población que no es derechohabiente del IMSS, ISSSTE u otros sistemas de salud, será, de hecho, la continuación y relativa ampliación del actual Seguro Popular implementado por Vicente Fox y aceptado por López Obrador para funcionar en el DF. Este año, el programa foxista cuenta con un presupuesto de alrededor de 17 mil millones de pesos; según los pronósticos gubernamentales, al final de 2006 su cobertura alcanzará a 20 millones de personas; la meta del programa es incluir a 50 millones de personas; si el ritmo de crecimiento del presupuesto asignado al programa al menos se mantuviera como hasta este año, en 2010, cuando se prevé alcanzar las metas finales del programa, se gastaría en él 42 mil 500 millones de pesos, cerca del 3.5 por ciento del PIB de ese año.

El asistencialismo de López Obrador representado por estos tres programas de subsidios directos a diversos sectores de la población, no llegará al 4 por ciento del PIB, ni en su mejor momento, pues en los primeros años de su gobierno se gastarán cantidades significativamente menores. Sin embargo, su compromiso de cumplir con el pago puntual de la deuda podrá significar la erogación de recursos equivalentes a tres veces lo gastado en sus programas de limosnas .[13]

Estos son los paliativos a la explotación capitalista que López Obrador se dispone a perpetuar. De ninguna manera representan soluciones de fondo a los problemas de pobreza, desempleo, bajos salarios y marginación que vivimos la mayoría de los mexicanos. Pero, eso sí, son mecanismos eficientes para engañar a la gente y seducirla para ganar sus votos.

Subordinación política ante el imperio

La cautela diplomática con la que pretende conducirse AMLO desde la presidencia de la República (compromiso 36) es, en realidad, una forma de sometimiento a los dictámenes de la política exterior del gobierno de Estados Unidos.

En la actual situación mundial, caracterizada por la lucha de los pueblos en contra del neoliberalismo y la pretensión de los imperialistas por consolidar su poder económico y político en cada vez más vastas regiones del orbe, la “cautela diplomática” equivale a dejar a su suerte a los pueblos y solapar los afanes militaristas y recolonizadotes de los gobiernos de los países imperialistas.

No se puede luchar por la paz mundial y la autodeterminación de los pueblos sin dar un combate político decidido contra el militarismo y el intervencionismo.

Pero el eventual gobernante perredista nos advierte, en su compromiso número 37, que optará por la política del buen vecino ante el gobierno estadounidense, que no ceja en su afán por subordinar al pueblo irakí y que es responsable de decenas de miles de muertes de civiles inocentes por la ocupación de ese país.

La seguridad pública en manos del Ejército

No extraña escuchar de López Obrador que para combatir la delincuencia y la inseguridad es necesario acabar con la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. También se propone erradicar la corrupción de los cuerpos policíacos. Sin embargo, en términos concretos, una de sus políticas centrales para garantizar la seguridad a “los ciudadanos” es la militarización de la seguridad pública.

La trascendencia del asunto es considerablemente mayor debido a que se trata de una política que viene de fuera de nuestras fronteras, directamente de las oficinas de las fuerzas armadas del gobierno estadounidense. Durante su gestión al frente del DF, ya probó que está muy interesado en aplicar las recetas gringas para “enfrentar” el problema; incluso contrató al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para que le enseñara a su entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, como aplicar el programa “Tolerancia cero” contra la delincuencia.

Con López Obrador se reforzará la participación del ejército en el combate al narcotráfico (compromiso 35), a pesar de que los resultados de esta política no son alentadores; claro, no hay razón para que el ejército sustituyendo a la policía rompa con los lazos entre el narco y el poder político y financiero legal. Además, numerosas organizaciones para la defensa de los derechos humanos han denunciado la actitud arbitraria y violatoria de las garantías individuales por las fuerzas militares que custodian las calles y barrios de las ciudades y las comunidades agrarias. La presencia militar ha llegado a estrechar al máximo la creación de espacios democráticos y civiles. Es común la realización de operativos anticonstitucionales de cateo de autobuses y lugares públicos.

En el gobierno del DF, López Obrador optó por iniciar la militarización de la seguridad pública, como receta para combatir los elevados índices de delincuencia; lo hizo siguiendo las directrices imperialistas, que están detrás del diseño del plan México Seguro, instrumentado en primera instancia por el gobierno de Vicente Fox, y que pretenden hacer de la política de seguridad pública mexicana una extensión de la seguridad nacional estadounidense. En general, es política perredista abrir las puertas a este plan de militarización; ya se hizo en Michoacán, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y también en Guerrero, con Zeferino Torreblanca; igualmente, los municipios del estado de México gobernados por perredistas han seguido esta orientación que, después del dos de julio, si López Obrador resulta triunfante, se generalizará al país.

Corrupción al estilo del PRD y AMLO

El tabasqueño presume de una inquebrantable honestidad y asegura que su gobierno tendrá el mismo sello. Pero la historia de su partido y sus funcionarios de gobierno no dice lo mismo.

A su paso por el gobierno del DF, dejó tras de si una estela de casos de corrupción e influyentismo de sus funcionarios allegados. René Bejarano, Rosario Robles, Gustavo Ponce, Ramón Sosamontes, Carlos Ímaz y Octavio Flores son algunos de los más sonados nombres envueltos en el escándalo.

En la mayoría de estos casos prevaleció la impunidad. Sólo Bejarano y Ponce pisaron la cárcel, pero incluso la breve estancia del primero en el reclusorio sirvió para hacer patente una vez más la corrupción existente en las cárceles defeñas, pues el preso perredista contaba con privilegios por fuera de la ley, con la connivencia de las autoridades carcelarias.

Debieron abandonar sus puestos como funcionarios, incluso llegaron a pisar la cárcel por unos meses, pero los ilícitos que cometieron se quedaron impunes. Ninguno fue condenado por corromperse, no hubo sentencias para castigar el uso del poder para beneficiar intereses de particulares.

A su vez, ya anunció que los responsables de los multimillonarios fraudes contra nuestro pueblo (Fobaproa, rescate carretero) no serán perseguidos. La corrupción seguirá campeando en el gobierno capitalista del tabasqueño y sus aliados, porque ha sido su política fomentar la impunidad de sus funcionarios que han cometido ese ilícito. Demagogia electorera.

Las promesas fáciles de cumplir y compromisos con los altos mandos de la economía mundial y sus beneficiarios están acompañados de verborrea, golpes de efecto y, de plano, demagogia electorera de la peor calaña.

Ese es el caso de compromisos como el de suprimir las pensiones de los ex presidentes (7), mejorar la atención médica en el IMSS y el ISSSTE e impedir que haya servicios médicos particulares para funcionarios (8), convertir a las Islas Marías en centro para el ecoturismo (32), la reducción del costo del aparato burocrático (38), la lucha contra la corrupción (39) y el supuesto sometimiento del presidente de la República al principio de revocación del mandato (50).

De estos recursos mercadotécnicos en busca del voto ciudadano conviene destacar la promesa de mejorar los servicios de salud en el IMSS y el ISSSTE; es pura demagogia, pues aunque la caída de los salarios se reconoce como una de las principales causas del deterioro de la atención médica y la descapitalización de estas instituciones, no hay ningún compromiso para elevar sustancialmente los sueldos de los trabajadores y con esto contribuir a la recapitalización del sistema de seguridad social. Los trabajadores del sector salud resienten el castigo a sus percepciones y las sobrecargas de trabajo de las que son objeto, con el gobierno de López Obrador, eso no cambiará.

Finalmente, hay que detenerse en el último compromiso, el que plantea que el tabasqueño se someterá al principio de revocabilidad y que es pura falsedad.

En el DF, López Obrador estableció un mecanismo de consulta a modo: se trató de una encuesta telefónica, organizada y controlada por el mismo gobierno del DF. “para que Andrés Manuel López Obrador siga como jefe de Gobierno, marque uno. Para que no siga marque dos”, decía la convocatoria publicada el 9 de diciembre de 2004, en la Gaceta Oficial del DF. Ni el Instituto Federal Electoral ni el Instituto Electoral del DF, instituciones reconocidas por los partidos políticos con registro como árbitros electorales confiables tuvieron algún papel en dicha consulta.

Es un engaño. Realmente, López Obrador es un político profundamente antidemocrático; una demostración la constituye su negativa de que el Distrito Federal se convirtiera en el estado 32 y, con ello, tuvieran los capitalinos derechos ciudadanos plenos, como el de votar por diputados constituyentes con el mandato de redactaruna constitución estatal, en lugar de obedecer los designios del Congreso de la Unión y el presidente de la República, quienes aún tienen las facultades principales para regir a la ciudad. Otro ejemplo de su antidemocracia fue la negativa a establecer en el DF un órgano para la transparencia de la información gubernamental. Ni qué decir de la propuesta hecha en años anteriores para que se realice en México un Congreso Constituyente, para que, democráticamente, la ciudadanía decida sobre un nuevo texto constitucional para, entre otras cosas, acabar definitivamente con el régimen político presidencialista y construir uno verdaderamente democrático. La posición del nacido en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, se resume en una frase que se le ha vuelto famosa: “Hay que respetar la institución [presidencial]. No hay que astillar la silla... porque si no, nadie se va a poder sentar en ella después”. [14]

La gran mentira

El lema principal de la campaña de López Obrador dice “por el bien de todos”, incluso le da nombre a su alianza con los partidos del Trabajo y Convergencia. Es una gran mentira.

No será posible, de ninguna manera, ejercer el poder en beneficio de los banqueros o los industriales capitalistas y, al mismo tiempo, de los trabajadores del campo y la ciudad. Sus intereses son opuestos por el vértice. La riqueza de unos implica la pobreza de otros, porque los buenos negocios y las inversiones redituables lo serán siempre y cuando se logre que los trabajadores sean brutalmente explotados; es decir, su trabajo les sea despojado para únicamente recibir en pago por él un minúsculo salario que sólo cubre una parte de ese trabajo realizado.

Mientras Carlos Slim escala posiciones en la lista de los más ricos del mundo, millones de trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes o desempleados son cada vez más pobres y viven peor.

El gobierno de López Obrador beneficiará a los ricos, de eso no queda duda. Trabajará todos los días para resguardar sus intereses, calmar su nerviosismo, darles estabilidad y seguridad para ganar mucho dinero. Simultáneamente, millones seguirán siendo explotados, despojados de sus derechos, de sus prestaciones, de su salario, a cambio de unos cuantos pesos, de concesiones minúsculas a los ancianos, a los discapacitados o las madres solteras. El resultado final será un país más pobre en su conjunto y capitalistas más poderosos… a menos que los de abajo decidamos impedirlo y demos la batalla por tomar la conducción del país en nuestras manos y ponerlo al servicio de nuestros intereses.


Notas

1 LA REVISTA, 74, 25 al 31 de julio de 2005. López Obrador y su nuevo perfil. Un neoliberal de izquierda.

2 Los llamados Acuerdos de San Andrés se fi rmaron el 16 de febrero de 1996; fueron el resultado parcial de la negociación entre los representantes del gobierno de Ernesto Zedillo y la comandancia del EZLN. La dirección zapatista estableció en el inciso B del Acuerdo entre el gobierno federal y el EZLN su insatisfacción sobre aspectos particulares abordados en la discusión del Tema I, sobre derechos y cultura indígena.

3 50 COMPROMISOS

4 LA REVISTA 74

5 HOJA OBRERA 74, julio de 2005, La carrera precios- salarios deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores. “El permanente rezago de los salarios respecto a la inflación, ocasionó la pérdida sistemática del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores. Entre 1976 y el 2004, el salario mínimo perdió el 80% de su poder adquisitivo, lo que no sólo afectó a los que ganan el minisalario, sino que también presionó el de todos los trabajadores del país. Entre 1982 y el 2004, las remuneraciones promedio contractuales se precipitaron 56.2% a precios de 1994, las manufactureras descendieron 29.5%, las de la industria de la construcción disminuyeron 40.4%, los salarios medios del IMSS perdieron 39.5% y las remuneraciones de la industria maquiladora de exportación bajaron 7.5 por ciento. Respecto a la devaluación de diciembre de 1994 a mayo del 2005, según estimaciones de la Universidad Obrera de México (UOM), el salario mínimo perdió 50.5% en términos reales y actualmente representa sólo 16.1% del salario nominal vigente. Para que el minisalario estuviera apenas al nivel de 1994, requiere de un aumento no menor del 312.35%, debido a que se requieren 4.12 salarios mínimos para adquirir una Canasta Básica Indispensable (CBI). De diciembre de 1994 a mayo del 2005, los precios de la CBI aumentaron 520%, mientras que el salario mínimo sólo se incrementó 206.48 por ciento.”

6 ANUARIO ESTADISTICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2003. INEGI. El total de exportaciones realizadas a Estados Unidos en el año 2003 alcanzó los 146 mil 396 millones 100 mil dólares, que representó el 88.8 por ciento del total de las exportaciones mexicanas

7 HOJA OBRERA 16, marzo de 1998: la venta de TELMEX fue por un cuarto de su valor, algo similar sucedió con TV Azteca, sin contar los casos Salinas o Cabal Peniche, entre otros muchos) las empresas paraestatales pasaron de 1,115 a 219 entre los años de 1982 y 1994. Una parte de los recursos (63,890 millones de pesos) obtenidos durante los años de 1990 y 1994, se incluyó en un Fondo de Contingencia que fue arrasado, junto a los 28,000 millones de dólares que formaban la reserva del Banco de México, en diciembre de 1994

8 LA JORNADA, 11 de marzo de 2006

9 50 COMPROMISOS… Al cierre de marzo de 2005 la deuda pública total (incluyendo la deuda contingente) ascendía a 3 billones 260 mi 322 millones de pesos, de los cuáles casi la mitad (46 por ciento) corresponde a pasivos contingentes.

10 LA CRÓNICA DE HOY. AMLO, Fobaproa y su doble discurso, por David Romero Ceyde.

11 50 COMPROMISOS…

12 50 COMPROMISOS…

13 Según datos de la Secretaría de Hacienda, en 2005, el gobierno pagó más de 154 mil millones de pesos, por intereses de la deuda pública, tanto interna como externa; en perspectiva, el monto total del endeudamiento no se reducirá ni las tasas de interés que deben pagarse por ella disminuirán significativamente, por lo que es previsible que el gobierno de López Obrador tenga que erogar cantidades proporcionalmente similares a las que ha pagado Fox.

14 EL SIGLO DE TORREÓN, 10 de febrero de 2004. Jaque Mate, por Sergio Sarmiento.