Las
amargas experiencias que han dejado este tipo de proyectos en otros
países han obligado a varios gobiernos (sobre todo del primer
mundo) a reprimirlos y/o prohibirlos. En contraste, países
en vías de desarrollo, como lo es México, son vulnerables
a estos proyectos puesto que, al pertenecer a tratados internacionales,
se ven obligados a recibir a las trasnacionales bajo la promesa-chantaje
de un supuesto desarrollo industrial. Esta situación se agrava
por la corrupción de autoridades de gobierno, que en nuestro
país y en nuestro estado sigue operando con el más
genuino candor juvenil.
La
pícara justicia mexicana
La lucha jurídica, en los tribunales superiores de México,
nos dan la razón al pueblo. Por ejemplo, se ha logrado que
el Noveno Tribunal del Primer Circuito ordenara a la Sala Superior
de Justicia Fiscal y Administrativa la anulación del proyecto
de MSX por encontrar que era violatorio. La resolución no
fue para efectos6, sino lisa y llana. Esto, desde el punto de vista
legal, debería haber solucionado el conflicto. Sin embargo,
la SEMARNAT (institución supuesta-mente creada, por necesidad
social, para defender nuestro ya de por sí deteriorado medio
ambiente) da un espectacular giro de 180 grados y se convierte en
abogada de los agresores ambientales. Esta Secretaría concedió
en forma irresponsable y criminal otro permiso de operación
que, de la manera más pícara, contenía las
mismas causales de violación que el anterior, además
de otras nuevas.
Este
"nuevo permiso", totalmente ilegal desde cualquier punto
de vista, fue impugnado y está por resolverse en el mismo
tribunal que anuló el anterior, anulación que fue
desacatada por la mencionada SEMARNAT. Insistimos: desde el punto
de vista jurídico es imposible que la resolución sea
emitida a favor de la transnacional MSX... sin embargo, los intereses
y compromisos políticos son capaces de producir los más
inverosímiles malabares y piruetas jurídicos.
Un
ejemplo concreto de esta situación, está en el ámbito
agrario. Pobladores identificados como el grupo de choque de la
Minera San Xavier, celebraron con esta, un contrato de arrendamiento
por 290 hectáreas de ejido... ¡sin ser ejidatarios!
Los verdaderos ejidatarios interpusieron una demanda agraria y,
como era natural, el Tribunal Unitario Agrario declaró inexistente
el contrato. Los abogados de la empresa, como era de esperarse,
se inconforman mediante un amparo directo. Así, el Tribunal
Colegiado, que conoció del caso, declara también nulo
el contrato. La empresa, por segunda vez, interpone otro recurso
y, el mismo Tribunal Colegiado, ratifica por segunda vez la sentencia.
La empresa interpone nuevamente otro recurso, y (adivinen) cae al
mismo Tribunal Colegiado. Pero en esta ocasión, después
de haber conocido por dos ocasiones el caso, lo tarda 8 meses y
se retracta de las dos resoluciones anteriores y falla en contra
de los ejidatarios alegando incapacidad procesal.
Lo
insólito de este caso, es que, como en la época de
la Conquista, llega un grupo de extranjeros que, para poder saquear
nuestras riquezas minerales, invaden ejidos, desalojan a sus propietarios,
¡los demandan penalmente por meterse en sus propias tierras!...
y los Tribunales les dan la razón. Desde luego que todos
estos actos ilegales y de prepotencia no podrían ser si no
es con la complicidad de los tres niveles de gobierno y el poder
judicial.
Cabe
añadir que Cerro de San Pedro goza de protección especial
por diferentes decretos. Uno de ellos lo clasifica como zona de
preservación de flora y fauna con una política de
restauración de la vida silvestre. El otro es una enmienda
de la UNESCO de 1993 que lo protege como zona de monumentos. Sin
embargo, resulta visible que de nada valen los decretos, menos aún
cuando el gobernador del estado, el panista Marcelo de los Santos,
es el mayor impulsor del proyecto. Cuando a este personaje se le
cuestiona sobre el proyecto de la MSX, contesta que es asunto federal
y que está en manos del poder judicial.
Mientras
tanto, sin permisos, MSX sigue llevando a cabo trabajos de preparación
del sitio, al tiempo que declara que no tardará mucho en
iniciar operaciones de lixiviación, con el uso del cianuro
de sodio. Asimismo, la Minera, recién afirmó que ya
tiene mil quinientos barrenos listos para detonarse y que la SEDENA
ya le otorgó los permisos de uso y compra de explosivos.
Esto, como decíamos, violando decretos y leyes.
Estos
son algunos de los graves impactos ecológicos e históricos
que justifican la oposición al citado proyecto, a los que
se podrían agregar los sociales. En cuanto a este último
aspecto, la empresa ha estado dividiendo a la población y
provocando enfrentamientos mediante un bien organizado grupo de
choque.
En
muchos de los actos de resistencia de la sociedad civil y otras
organizaciones no gubernamentales, se ha evidenciado la existencia
de un grupo de choque. Una de las represalias mas sonadas fueron
las que recayeron sobre dos individuos, que repartiendo volantes
e información sobre el proyecto minero, fueron golpeados
y rociados con gas pimienta. Otro caso más tumultuario fue
en un campamento frente a las instalaciones de la compañía
minera, donde a mitad de la madrugada llegó un grupo de camionetas
con logotipos de la empresa; las camionetas llevaban a bordo un
gran número de personas con chalecos y armados con tubos,
agredieron a las personas presentes y a su retirada dañaron
vehículos particulares, rompiendo cristales y dañando
la hojalatería.
El
control político de la MSX
La empresa, desde su llegada, mantiene el control político
del municipio y de dependencias estatales y federales además
de bancadas en el Congreso local así como al propio poder
judicial. Su influencia no tiene límites: el mismo ex presidente
Vicente Fox tomó parte en amenazas al ex presidente municipal
Oscar Loredo Loredo, para obligarlo a conceder el ilegal permiso.
Este individuo, inesperadamente declaró, ante diversos medios
locales, que fue "presionado" para otorgar el permiso
municipal de "Cambio de uso de suelo, construcción y
anuencia de uso de explosivos". Esta situación y una
serie de desacatos por parte de secretarios de Estado a resoluciones
de los Tribunales, fue denunciada incluso ante el Congreso de la
Unión.
En
lo relativo a violaciones a los derechos humanos, su magnitud desde
hace años rebasó fronteras, al grado de que la asociación
multirreligiosa canadiense KAIROS (defensora de tales derechos)
ha buscado intervenir para la protección de éstas
garantías. En varias ocasiones ha visitado el Cerro de San
Pedro y está trabajando en Canadá, a nivel parlamento,
exigiendo a su gobierno que legisle en el sentido de que haya un
control exterior de estas empresas mineras, que no sólo agreden
el medio ambiente, sino que se instalan a base de corromper autoridades
y, por supuesto, violando los más elementales derechos humanos.
Uno
de los grandes grupos opositores a este proyecto minero es el ahora
conocido Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO). Este
frente está consolidado por un gran número de organizaciones,
colectivos, asociaciones civiles y personas en lo individual.
La
oposición que ha hecho el FAO es tan fuerte e incorruptible
que lo han reconocido organizaciones ambientalistas internacionales.
Muchas de las personas que lo conforman han seguido el movimiento
desde su principio (hace 12 años aproximadamente) y son de
tanta convicción que, aun cuando el gobierno potosino es
tan corrupto, no han podido doblegar la intención de sacar
a esta transnacional de la región. Estas últimas personas
están siendo víctimas de un acoso por parte del gobierno
estatal, a casi todos les han fabricado delitos falsos, con el objetivo
de detener el activismo social contra esta empresa minera con todo
lo que conlleva.
Los
días 22 y 23 de octubre de 2006, el FAO llevó a cabo
una consulta ciudadana, para que fuera la población la que
expresara su aceptación o rechazo a la empresa transnacional.
Para la realización del evento se invitó, formalmente
y por oficio, como observadores, al gobierno del estado, al Comité
Estatal Electoral y a la propia empresa minera, pero ninguno se
presentó. Los resultados del muestreo fueron los siguientes:
19.608
votantes de los cuales 19.050 votaron en contra del proyecto minero,
es decir, el 97.45%. Este dato demuestra que el proyecto no sólo
es inviable social y jurídica-mente, sino que además
es ampliamente impopular.
Y
así, como parte de esta barbarie, en San Luis Potosí
se cuenta con represión a reporteros, estudiantes, activistas
sociales, sindicalistas, académicos, artistas y todo ser
vivo que se interponga en contra de los intereses capitalistas más
importantes: los económicos.
Si
hoy alguien sube al Cerro de San Pedro de noche, podrá ver
y escuchar a los vehículos excava-dores en acción.
Y conforme pasan los días queda aún más claro
que la lucha contra la Minera no es una cuestión de tintes
sentimentales sino de supervivencia y dignidad humana. No es posible
quedar inmóviles ante la flagrante violación al derecho
a vivir.
* Reedición
y adaptación por Lilia Ávalos y Pavel Martínez.
(1) La lixiviación consiste en la extracción de minerales
con una mezcla de químicos disueltos en agua que van a reaccionar
con algunos minerales de las rocas trituradas, separando a los diferentes
metales contenidos en las rocas. En este caso la mezcla es con cianuro
y zinc.
(2) Desaparecería la cabecera municipal del Cerro de San Pedro,
la cual es considerada por la ley Patrimonio Histórico. Además
está en trámite ante la UNESCO su reconocimiento como
Patrimonio de la humanidad.
Cabe señalar que los gobiernos estatales, tanto los anteriores
como el actual, se han negado a firmar el proyecto de decreto para
el reconocimiento del Cerro como zona de monumentos históricos,
que elaboró para tal fin el gobierno federal, el cual en su
artículo primero diría: "Se decreta una zona de
monumentos históricos en el poblado de Cerro de San Pedro del
Municipio del mismo nombre".
(3) Estudio técnico de las condiciones geohidrológicas
y sociales del acuífero 2411 "SAN LUIS POTOSÍ"
en el Estado de San Luis Potosí.
(4) Korte, ét al. (2000) Ecotoxicology and Enviromental Safety
#46, p. 241-245.
(5) En línea, www.contramina.com/datos.htm, consultado en febrero
de 2007.
(6) Esto significa que, jurídicamente, la resolución
ya no es impugnable. Es decir, ya es irrefutable.
