El
gobierno tico amenaza a opositor
Orlando Barrantes
Presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos
(MTC) de Costa Rica
lbaczara05@hotmail.com
Pluma
3- Verano 2006
Guápiles,
Costa Rica.- El 23 de agosto del año en curso se reanuda
en Costa Rica el juicio penal que el Estado costarricense ha montado
en contra del autor de este artículo. El Ministerio Público
solicita penas de cárcel mayores a los 60 años. Se
me acusa de liderar el fuerte y triunfante movimiento de huelga
de diciembre del 2000 en la zona atlántica. Campesinos, trabajadores
bananeros, transpor-tistas, ferroviarios y exmuelleros conformaron
un frente común de lucha y plantearon una serie de demandas
al gobierno. En esa ocasión en Guápiles, ciudad caribeña,
al calor de la brutal represión policial contra manifestantes
pacíficos, al parecer cuatro antimotines fueron retenidos
por la multitud. Este hecho lo califica el Ministerio Público
como secuestro extorsivo y me acusa de ser el autor intelectual.
La acusación es risible, torpe, ilegal y fantasiosa.
Los
sectores populares y democráticos de Costa Rica están
denunciando que esta acusación forma parte de una nueva política
del Estado costarricense de criminalizar las protestas sociales
debido al aumento en el descontento por el empobrecimiento de amplios
sectores de la población, y que en el caso de Orlando Barrantes,
es claramente un juicio político.
Costa Rica es conocida, entre otras cosas, por disfrutar de una
relativa calma social y política. La última asonada
militar ocurrió hace 58 años, cuando el socialdemócrata
José Figueres Ferrer (Don Pepe) tomó el poder mediante
una breve pero sangrienta guerra civil, que dejó dos mil
muertos. Se levantó en armas porque no aceptó la anulación
de las elecciones por parte del gobierno. Al parecer, la votación
favorecía al candidato con el que simpatizaba, Otilio Ulate
Blanco. Triunfante en la guerra civil, Figueres no entregó
el poder inmediatamente, sino que gobernó al frente de una
Junta Militar Provisional durante año y medio.
Algunas
de las decisiones que tomó Figueres en su breve gobierno
de facto fueron determinantes para que Costa Rica entrara en los
siguientes sesenta años en esta conocida (y relativa) calma.
No anuló, como lo pedía la oligarquía, las
garantías sociales aprobadas durante el gobierno anterior
del Dr. Calderón Guardia (1940-1944), quien había
estableció una alianza con el Partido Comunista costarricense
y con Monseñor Sanabria, líder de la dominante iglesia
católica. Con mayoría en el congreso, promulgaron
el Código de Trabajo, la universalización de la atención
médica, la creación de un ente estatal encargado de
dotar de vivienda a los pobres, etc. Las garantías sociales
le dieron sepultura al Estado liberal que la oligarquía criolla
había instalado desde la década de los años
70 del siglo XIX, pero además, fue el nacimiento del Estado
social o benefactor en su versión costarricense. La alianza
entre el partido gobernante, el movimiento obrero y la iglesia católica
era muy fuerte. La vieja oligarquía cafetalera no pudo impedir
que el Estado asumiera funciones sociales.
Figueres,
que era parte de un nuevo sector empresarial que con mucho ímpetu
buscaba espacios políticos y económicos para desarrollarse,
más bien fortaleció con nuevas medidas el Estado benefactor.
Nacionalizó la producción y venta de la energía
eléctrica y la banca, creó el ITCO, encargado de crear
nuevos asentamientos campesinos con apoyo crediticio, formuló
una política de sustentación de precios que protegía
al agricultor de la inestabilidad en los precios, promovió
la creación masiva de los Estancos, lugares comerciales donde
la población compraba alimentos baratos con precios subsidiados,
etc. Además creó un partido político que contaba
con el apoyo fuerte de la nueva y emergente clase media y los industriales,
el Partido Liberación Nacional (PLN) que reconfiguró
el panorama político. El actual presidente de Costa Rica,
Oscar Arias Sánchez, pertenece a este partido.
Una
de las medidas más drásticas y antidemocráticas
que adoptó el gobierno de facto de Figueres fue la proscripción
del Partido Comunista (PC) y de las organizaciones sindicales afines.
También promovió una intensa persecución política
e incluso, se cometieron atroces crímenes como los del Codo
del Diablo, en donde fueron masacrados, con las manos atadas a la
espalda, varios dirigentes del PC. Posteriormente las organizaciones
sindicales fueron recuperando espacios legales. Hasta 1974 el PC
no participó legalmente, y cuando lo hizo, fue a través
de una agrupación con otro nombre, el PASO.
Las
garantías individuales en general han sido respetadas en
Costa Rica. No se tiene memoria de condenas a prisión efectivas
para dirigentes políticos desde 1948. Por esa razón,
el actual enjuiciamiento al autor de este artículo, ha llamado
la atención en el movimiento popular y la prensa porque además
hace unos meses fueron condenados dos dirigentes de la zona de San
Ramón, por su participación en protestas públicas
contra el monopolio de la revisión vehicular Riteve. Célimo
Guido y Rocío Céspedes fueron condenados a un año
de prisión (gozan de libertad condicional) y al pago de una
suma millonaria como acción civil resarcitoria. También,
algunos dirigentes estudiantiles han sido acusados por participar
en otras protestas públicas y dirigentes campesinos, como
los de Bambuzal, enfrentan otros juicios.
Pareciera
evidente que el Estado costarricense está cambiando su política
de tolerancia y se encamina rápidamente a recortar las libertades
democráticas y hacia una criminalización de las protestas
populares y de la lucha social. Como en mi caso una condena me enviaría
a la cárcel directamente por muchos años porque no
hay posibilidades, por lo alto de la pena, de recibir la libertad
condicional. El mensaje al movimiento popular es muy claro: aquel
que organice protestas y participe en ellas se expone a que lo envíen
a la cárcel. Usualmente los que dirigen este tipo de protestas
discrepamos política-mente con los regímenes y gobiernos
burgueses. O sea, también, aparte de protestar, manifestamos
nuestra forma de pensar, proponiendo por ejemplo un gobierno en
manos de trabajadores y campesinos.
De
manera que los actuales juicios son políticos, porque no
solamente buscan intimidar a los que demuestran en la calle su descontento
con el empobre-cimiento general de amplios sectores de la población,
sino a los que pensamos diferente al gobierno de turno. En nuestro
caso, mantenemos una pública y conocida militancia de izquierda
revolucionara. La política de reprimir la protesta social
y perseguir a los dirigentes populares y políticos rompe
con los casi sesenta años de tolerancia estatal.
Para
entender lo anterior hay que recordar que Costa Rica ya entró
en un profundo proceso de cambio, que nosotros caracterizamos como
revolucionario. No sabemos en qué ni cómo desembocará,
pero que se abrió con la llamada lucha contra el combo del
ICE en el 2000, cuando los sectores populares logramos detener la
privatización del ICE, ente estatal que tiene el monopolio
de la energía y las telecomunicaciones y que puso al borde
del colapso al gobierno del entonces presidente Miguel A. Rodríguez
(encarcelado recientemente por su participación en actos
de corrupción).
El
país fue paralizado por las protestas. El reciente resultado
electoral (5 de abril) parece confirmar nuestro análisis,
al obtener Oscar Arias un triunfo ajustadísimo pues obtuvo
el 40.8% de votos, con apenas 18.000 votos por encima de su contrincante
Otón Solís, a quien algunos, que no conocen la realidad
costarricense, ubican en la izquierda. Históricamente el
PLN ha obtenido holgados triunfos electorales. Además, el
otro partido burgués tradicional, el PUSC, prácticamente
fue borrado del mapa electoral al obtener apenas el 3.5 % de los
votos. La alta votación de Solís se explica porque
hay un fuerte sentimiento contra el bipartidismo que ha gobernado
el país en los últimos sesenta años, culpable
de la pobreza cada vez mayor de los ticos, porque la gente está
cansada de la terrible corrupción imperante y porque capitalizó
el 50% de la población que se opone abiertamente al Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, defendido por Arias.
O sea, sectores cada vez más amplios de la población,
aunque en una forma distorsionada -porque están confiando
en otro político burgués, Solís, salido de
las entrañas del PLN- están advirtiendo que desean
un cambio en la conducción del gobierno. Lo que suponemos
es que, por las particularidades de la sociedad capitalista costarricense,
el inicio del proceso revolucionario está marcado por una
ilusión electoral que aún sostienen los costarricenses.
Aún confían en que el proceso electoral puede ayudar
al cambio que cada vez más están pidiendo. Nadie vota
para estar peor.
Otro
elemento a considerar en la crisis del "modelo" costarricense
es la amplísima oposición que existe en el país
contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nuestro
país es el único de Centroamérica que no lo
ha ratificado en el Congreso. En noviembre de 2005 la oposición
al TLC llamó a una marcha que reunió cerca de 100.000
manifestantes, y existe un organismo que unifica a los que están
en contra del TLC, la Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC.
En estos momentos se discute en el congreso el proyecto de ley,
y se prevén manifestaciones y actos de protesta muy fuertes.
El
problema está, como diría Trostky, en la dirección.
Al igual que en el resto del mundo sigue siendo el principal escollo
en el proceso revolucionario costarricense. En nuestro país
la izquierda está exasperantemente atomizada y lejos no sólo
de tener coordinación básica común, sino de
fortalecer su presencia en el escenario político.
Costa
Rica bulle como caldera a punto de estallar. Esto no solamente lo
vemos venir los revolucionarios. Los capitalistas también,
y por eso buscan endurecer la represión, criminalizando la
protesta social y persiguiendo a los dirigentes políticos.
Los burgueses de antaño construyeron esta sociedad capitalista
como un Estado benefactor y con relativa tolerancia. Sus hijos en
cambio, están desmantelando ese Estado social privatizando
todas aquellas empresas públicas que son rentables y ya no
apuestan a las reformas sociales para calmar a las masas otorgando
ciertos beneficios, sino que acuden a las reformas penales para
encarcelar a los que protestamos. Este es el contexto del juicio
que se sigue en mi contra.
Orlando
Barrantes,
dirigente sindical y socialista
Orlando
Barrantes es el Secretario General de CONATRAB (Consejo Nacional
de Trabajadores Bananeros), organización que aglutina a miles
de trabajadores y ex-trabajadores bananeros que fueron expuestos
al agroquímico Nemagón en las plantaciones durante
la década de los años 70.
A
partir de noviembre de 2004 estos obreros agrícolas han presentado
demandas en cortes norteamericanas en contra de las transnacionales
Shell Oil, Occidental Company y Dow Chemical, fabricantes del Nemagón
(1,2,Dibromo-3-cloropropano) y las transnacionales productoras y
comercializadoras del banano Standard Fruit, Del Monte y Chiquita
Brand. Este agrotóxico provoca esterilidad, impotencia, cánceres
en hígado, riñones y estómago, serios problemas
en la vista, daños permanentes en la piel. A las mujeres
causa alteraciones hormonales y abortos y a su descendencia malformaciones
congénitas.
A
la fecha, Orlando y su organización han presentado unas 1.600
demandas judiciales que están siendo tramitadas en los juzgados
norteamericanos. Se contempla presentar 1.000 más. Otra de
las luchas de CONATRAB es la defensa de los pequeños agricultores
y de los campesinos sin tierra.
Orlando
es también coordinador nacional de más de 40 organizaciones
que luchan por vivienda, agrupadas en la Coordinadora de Vivienda
Techo para Costa Rica. Igualmente encabeza la lucha para que la
Caja Costarricense de Seguro Social dote de equipo, plazas e instalaciones
médicas a comunidades pobres. Barrantes es presidente del
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), una organización
política obrera y revolucionaria. También forma parte
de la directiva de la central sindical CGT.
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