El gobierno tico amenaza a opositor
Orlando Barrantes
Presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) de Costa Rica
lbaczara05@hotmail.com

Pluma 3- Verano 2006

Guápiles, Costa Rica.- El 23 de agosto del año en curso se reanuda en Costa Rica el juicio penal que el Estado costarricense ha montado en contra del autor de este artículo. El Ministerio Público solicita penas de cárcel mayores a los 60 años. Se me acusa de liderar el fuerte y triunfante movimiento de huelga de diciembre del 2000 en la zona atlántica. Campesinos, trabajadores bananeros, transpor-tistas, ferroviarios y exmuelleros conformaron un frente común de lucha y plantearon una serie de demandas al gobierno. En esa ocasión en Guápiles, ciudad caribeña, al calor de la brutal represión policial contra manifestantes pacíficos, al parecer cuatro antimotines fueron retenidos por la multitud. Este hecho lo califica el Ministerio Público como secuestro extorsivo y me acusa de ser el autor intelectual. La acusación es risible, torpe, ilegal y fantasiosa.

Los sectores populares y democráticos de Costa Rica están denunciando que esta acusación forma parte de una nueva política del Estado costarricense de criminalizar las protestas sociales debido al aumento en el descontento por el empobrecimiento de amplios sectores de la población, y que en el caso de Orlando Barrantes, es claramente un juicio político.


Costa Rica es conocida, entre otras cosas, por disfrutar de una relativa calma social y política. La última asonada militar ocurrió hace 58 años, cuando el socialdemócrata José Figueres Ferrer (Don Pepe) tomó el poder mediante una breve pero sangrienta guerra civil, que dejó dos mil muertos. Se levantó en armas porque no aceptó la anulación de las elecciones por parte del gobierno. Al parecer, la votación favorecía al candidato con el que simpatizaba, Otilio Ulate Blanco. Triunfante en la guerra civil, Figueres no entregó el poder inmediatamente, sino que gobernó al frente de una Junta Militar Provisional durante año y medio.

Algunas de las decisiones que tomó Figueres en su breve gobierno de facto fueron determinantes para que Costa Rica entrara en los siguientes sesenta años en esta conocida (y relativa) calma. No anuló, como lo pedía la oligarquía, las garantías sociales aprobadas durante el gobierno anterior del Dr. Calderón Guardia (1940-1944), quien había estableció una alianza con el Partido Comunista costarricense y con Monseñor Sanabria, líder de la dominante iglesia católica. Con mayoría en el congreso, promulgaron el Código de Trabajo, la universalización de la atención médica, la creación de un ente estatal encargado de dotar de vivienda a los pobres, etc. Las garantías sociales le dieron sepultura al Estado liberal que la oligarquía criolla había instalado desde la década de los años 70 del siglo XIX, pero además, fue el nacimiento del Estado social o benefactor en su versión costarricense. La alianza entre el partido gobernante, el movimiento obrero y la iglesia católica era muy fuerte. La vieja oligarquía cafetalera no pudo impedir que el Estado asumiera funciones sociales.

Figueres, que era parte de un nuevo sector empresarial que con mucho ímpetu buscaba espacios políticos y económicos para desarrollarse, más bien fortaleció con nuevas medidas el Estado benefactor. Nacionalizó la producción y venta de la energía eléctrica y la banca, creó el ITCO, encargado de crear nuevos asentamientos campesinos con apoyo crediticio, formuló una política de sustentación de precios que protegía al agricultor de la inestabilidad en los precios, promovió la creación masiva de los Estancos, lugares comerciales donde la población compraba alimentos baratos con precios subsidiados, etc. Además creó un partido político que contaba con el apoyo fuerte de la nueva y emergente clase media y los industriales, el Partido Liberación Nacional (PLN) que reconfiguró el panorama político. El actual presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, pertenece a este partido.

Una de las medidas más drásticas y antidemocráticas que adoptó el gobierno de facto de Figueres fue la proscripción del Partido Comunista (PC) y de las organizaciones sindicales afines. También promovió una intensa persecución política e incluso, se cometieron atroces crímenes como los del Codo del Diablo, en donde fueron masacrados, con las manos atadas a la espalda, varios dirigentes del PC. Posteriormente las organizaciones sindicales fueron recuperando espacios legales. Hasta 1974 el PC no participó legalmente, y cuando lo hizo, fue a través de una agrupación con otro nombre, el PASO.

Las garantías individuales en general han sido respetadas en Costa Rica. No se tiene memoria de condenas a prisión efectivas para dirigentes políticos desde 1948. Por esa razón, el actual enjuiciamiento al autor de este artículo, ha llamado la atención en el movimiento popular y la prensa porque además hace unos meses fueron condenados dos dirigentes de la zona de San Ramón, por su participación en protestas públicas contra el monopolio de la revisión vehicular Riteve. Célimo Guido y Rocío Céspedes fueron condenados a un año de prisión (gozan de libertad condicional) y al pago de una suma millonaria como acción civil resarcitoria. También, algunos dirigentes estudiantiles han sido acusados por participar en otras protestas públicas y dirigentes campesinos, como los de Bambuzal, enfrentan otros juicios.

Pareciera evidente que el Estado costarricense está cambiando su política de tolerancia y se encamina rápidamente a recortar las libertades democráticas y hacia una criminalización de las protestas populares y de la lucha social. Como en mi caso una condena me enviaría a la cárcel directamente por muchos años porque no hay posibilidades, por lo alto de la pena, de recibir la libertad condicional. El mensaje al movimiento popular es muy claro: aquel que organice protestas y participe en ellas se expone a que lo envíen a la cárcel. Usualmente los que dirigen este tipo de protestas discrepamos política-mente con los regímenes y gobiernos burgueses. O sea, también, aparte de protestar, manifestamos nuestra forma de pensar, proponiendo por ejemplo un gobierno en manos de trabajadores y campesinos.

De manera que los actuales juicios son políticos, porque no solamente buscan intimidar a los que demuestran en la calle su descontento con el empobre-cimiento general de amplios sectores de la población, sino a los que pensamos diferente al gobierno de turno. En nuestro caso, mantenemos una pública y conocida militancia de izquierda revolucionara. La política de reprimir la protesta social y perseguir a los dirigentes populares y políticos rompe con los casi sesenta años de tolerancia estatal.

Para entender lo anterior hay que recordar que Costa Rica ya entró en un profundo proceso de cambio, que nosotros caracterizamos como revolucionario. No sabemos en qué ni cómo desembocará, pero que se abrió con la llamada lucha contra el combo del ICE en el 2000, cuando los sectores populares logramos detener la privatización del ICE, ente estatal que tiene el monopolio de la energía y las telecomunicaciones y que puso al borde del colapso al gobierno del entonces presidente Miguel A. Rodríguez (encarcelado recientemente por su participación en actos de corrupción).

El país fue paralizado por las protestas. El reciente resultado electoral (5 de abril) parece confirmar nuestro análisis, al obtener Oscar Arias un triunfo ajustadísimo pues obtuvo el 40.8% de votos, con apenas 18.000 votos por encima de su contrincante Otón Solís, a quien algunos, que no conocen la realidad costarricense, ubican en la izquierda. Históricamente el PLN ha obtenido holgados triunfos electorales. Además, el otro partido burgués tradicional, el PUSC, prácticamente fue borrado del mapa electoral al obtener apenas el 3.5 % de los votos. La alta votación de Solís se explica porque hay un fuerte sentimiento contra el bipartidismo que ha gobernado el país en los últimos sesenta años, culpable de la pobreza cada vez mayor de los ticos, porque la gente está cansada de la terrible corrupción imperante y porque capitalizó el 50% de la población que se opone abiertamente al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, defendido por Arias. O sea, sectores cada vez más amplios de la población, aunque en una forma distorsionada -porque están confiando en otro político burgués, Solís, salido de las entrañas del PLN- están advirtiendo que desean un cambio en la conducción del gobierno. Lo que suponemos es que, por las particularidades de la sociedad capitalista costarricense, el inicio del proceso revolucionario está marcado por una ilusión electoral que aún sostienen los costarricenses. Aún confían en que el proceso electoral puede ayudar al cambio que cada vez más están pidiendo. Nadie vota para estar peor.

Otro elemento a considerar en la crisis del "modelo" costarricense es la amplísima oposición que existe en el país contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nuestro país es el único de Centroamérica que no lo ha ratificado en el Congreso. En noviembre de 2005 la oposición al TLC llamó a una marcha que reunió cerca de 100.000 manifestantes, y existe un organismo que unifica a los que están en contra del TLC, la Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC. En estos momentos se discute en el congreso el proyecto de ley, y se prevén manifestaciones y actos de protesta muy fuertes.

El problema está, como diría Trostky, en la dirección. Al igual que en el resto del mundo sigue siendo el principal escollo en el proceso revolucionario costarricense. En nuestro país la izquierda está exasperantemente atomizada y lejos no sólo de tener coordinación básica común, sino de fortalecer su presencia en el escenario político.

Costa Rica bulle como caldera a punto de estallar. Esto no solamente lo vemos venir los revolucionarios. Los capitalistas también, y por eso buscan endurecer la represión, criminalizando la protesta social y persiguiendo a los dirigentes políticos.
Los burgueses de antaño construyeron esta sociedad capitalista como un Estado benefactor y con relativa tolerancia. Sus hijos en cambio, están desmantelando ese Estado social privatizando todas aquellas empresas públicas que son rentables y ya no apuestan a las reformas sociales para calmar a las masas otorgando ciertos beneficios, sino que acuden a las reformas penales para encarcelar a los que protestamos. Este es el contexto del juicio que se sigue en mi contra.


Orlando Barrantes,
dirigente sindical y socialista

Orlando Barrantes es el Secretario General de CONATRAB (Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros), organización que aglutina a miles de trabajadores y ex-trabajadores bananeros que fueron expuestos al agroquímico Nemagón en las plantaciones durante la década de los años 70.

A partir de noviembre de 2004 estos obreros agrícolas han presentado demandas en cortes norteamericanas en contra de las transnacionales Shell Oil, Occidental Company y Dow Chemical, fabricantes del Nemagón (1,2,Dibromo-3-cloropropano) y las transnacionales productoras y comercializadoras del banano Standard Fruit, Del Monte y Chiquita Brand. Este agrotóxico provoca esterilidad, impotencia, cánceres en hígado, riñones y estómago, serios problemas en la vista, daños permanentes en la piel. A las mujeres causa alteraciones hormonales y abortos y a su descendencia malformaciones congénitas.

A la fecha, Orlando y su organización han presentado unas 1.600 demandas judiciales que están siendo tramitadas en los juzgados norteamericanos. Se contempla presentar 1.000 más. Otra de las luchas de CONATRAB es la defensa de los pequeños agricultores y de los campesinos sin tierra.

Orlando es también coordinador nacional de más de 40 organizaciones que luchan por vivienda, agrupadas en la Coordinadora de Vivienda Techo para Costa Rica. Igualmente encabeza la lucha para que la Caja Costarricense de Seguro Social dote de equipo, plazas e instalaciones médicas a comunidades pobres. Barrantes es presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), una organización política obrera y revolucionaria. También forma parte de la directiva de la central sindical CGT.

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